En la actualidad, las empresas operan en todo el mundo, desarrollando sus actividades o comercializando sus productos más allá de sus fronteras nacionales.  En muchos casos las empresas no actúan respetando los derechos humanos o el medioambiente. Los acuerdos de voluntariedad se han demostrado que no son suficientes y las malas prácticas empresariales siguen causando graves perjuicios a las personas, a las comunidades y al medioambiente. Además, en muchos de estos casos, las empresas no han rendido cuentas, y las víctimas no han podido acceder a la justicia ni ser reparadas.

Es urgente que España apruebe una ley que garantice justicia para las personas y el medioambiente frente a empresas que abusan. Para que la ley sea efectiva debe adoptar requisitos claros, sólidos y exigibles a las empresas para que actúen con la debida diligencia respetando los derechos humanos y el medioambiente a lo largo de su cadena de valor y que garantice el acceso a la justicia para las víctimas de abusos corporativos.

La UE ya ha dado un primer paso con una propuesta de directiva sobre debida diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad. Amaya Acero, del Observatorio de RSC y coordinadora de la Plataforma por las Empresas Responsables, indica que “pese a ser un paso fundamental hacia la rendición de cuentas, la conducta empresarial responsable y el acceso a la justicia, contiene ciertas fallas que podrían hacer que la futura ley no sea realmente efectiva”

Otros países ya cuentan con legislación nacional sobre responsabilidad empresarial como Francia, desde 2017, y Alemania y Noruega, desde 2021. En Francia, con un mayor recorrido, las personas afectadas por los abusos cometidos por empresas francesas en terceros países (EDF en México o Casino en la Amazonía Brasileña y Colombiana) tienen la oportunidad de reclamar justicia ante los tribunales franceses. Esto demuestra que contar con una ley nacional es efectivo para exigir responsabilidades a las empresas y garantizar la reparación a las víctimas. Así lo contó Eduardo Villarreal de Prodesc México “Se ha puesto una demanda civil en Francia al gigante EDF por la escalada de violencia que generó en Unión Hidalgo, por no respetar los derechos de los pueblos indígenas, que no fueron consultados ni dieron su consentimiento a la actividad de la empresa en sus territorios”, añadiendo que “sin esta legislación la comunidad zapoteca no habría podido demandar a EDF ya que la empresa se habría escudado en que tendría que haber sido juzgado por la autoridad mexicana”.

En Alemania la ley aún no ha entrado en vigor, pero Franziska Humbert de Oxfam Alemania ha destacado el amplio apoyo conseguido en la aprobación de la ley del gobierno, el sector empresarial y de la ciudadanía, añadiendo que “las empresas que apoyan la legislación quieren igualar el terreno de juego para que aquellas que lo hacen bien de forma voluntaria no se encuentren en desventaja competitiva”.

España tiene la oportunidad de liderar la construcción de una economía respetuosa con los derechos humanos y medioambiente

En diciembre de 2021, el Secretario de Estado de la Agenda 2030 anunció el trabajo sobre una iniciativa legislativa de debida diligencia en materia de derechos humanos y en abril de 2022 se llevó a cabo una consulta pública del anteproyecto de Ley.  “El Gobierno ha dado un primer paso, incluyendo en el Plan Anual Normativo la propuesta de ley, pero ahora necesitamos que se haga realidad y llegue al Congreso para ser votada en esta legislatura. Los derechos humanos y las víctimas no pueden esperar más” apuntó Almudena Moreno de Alianza por la Solidaridad-ActionAid.

Las organizaciones de la Plataforma por las Empresas Responsables se movilizan para pedir apoyo a la ciudadanía, con la campaña “Apoya una Ley Made in Spain” para exigir que España apruebe una ley que sea realmente eficaz.

Contar con una ley nacional ayudaría a fortalecer el texto de la directiva europea que, aunque significa un punto de inflexión en la lucha para terminar con la impunidad corporativa, sufre de importantes carencias y excepciones que pueden socavar su finalidad.

(Noticia de la Plataforma por las Empresas Responsables).